El exdirigente peronista Óscar González fue imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en la causa que investiga el fiscal Maximiliano Hairabedián en la Justicia Federal. En el marco de esta investigación, Hairabedián solicitó la detención del exlegislador, una medida que deberá ser evaluada y decidida por el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja tras el final de la feria judicial.
La investigación tiene su origen en el trágico accidente ocurrido en las Altas Cumbres en octubre de 2022, en el paraje Niña Paula, donde perdió la vida Alejandra Bengoa y dos adolescentes resultaron gravemente heridos. Este hecho derivó en dos causas paralelas que colocaron a González bajo la lupa de la Justicia. Por un lado, se indaga el uso irregular de una camioneta BMW que estaba bajo custodia de la Justicia de Córdoba; por otro, se investiga el retiro de bolsos realizado por familiares de González momentos después del accidente.
En el contexto de estas indagaciones, la legisladora opositora Luciana Echeverría presentó una denuncia que dio pie a una pesquisa más amplia sobre el patrimonio del ex presidente provisorio de la Legislatura de Córdoba. Durante el proceso, el fiscal Hairabedián descubrió que González poseía una considerable cantidad de inmuebles, los cuales fueron transferidos a sus hijos después del accidente de 2022.
El abogado defensor de González, Ortiz Pellegrini, manifestó que están considerando ir directamente a juicio, mientras la expectativa recae en la reanudación de la feria judicial el próximo lunes, momento en el que se espera que el juez Vaca Narvaja se pronuncie sobre la solicitud de detención.
No obstante, dada la edad del exlegislador, quien tiene 77 años, podría beneficiarse con el régimen de prisión domiciliaria en caso de que se concrete su detención. Este proceso judicial marca un punto crucial en las investigaciones sobre la gestión y los bienes del exdirigente, con implicaciones legales que podrían sentar precedentes en la provincia.