Las autoridades de Universidad de Buenos Aires (UBA) remarcaron que la administración libertaria utiliza la auditoría de la SIGEN como un «caballo de Troya» para controlar la «libertad académica». También aseguran que la Ley de Administración Financiera no contempla que el organismo controle a las casas de altos estudios.
La Universidad de Buenos Aires denunció que el gobierno nacional intenta utilizar a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) como un «caballo de Troya» para avanzar sobre la autonomía universitaria y la libertad académica.
Las casas de altos estudios de todo el país mantiene una fuerte disputa con el gobierno nacional desde comienzos de este año por el recorte sobre el financiamiento universitario.
Al reclamo contra el desfinanciamiento de la educación pública, que convocó a miles de personas en marchas federales, el presidente Javier Milei respondió con la denuncia de falta de transparencia en el manejo de fondos y el planteo de mayores auditorías.
En esta línea el Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó una resolución que habilita a la SIGEN a controlar a las universidades.
En el escrito que se publicó en las redes sociales, la casa de altos estudios hizo referencia a la Ley de Administración Financiera N° 24.156 que fija los límites de acción de las SIGEN a las jurisdicciones del Poder Ejecutivo y sus organismos descentralizados.
En contraposición la UBA aclaró que rinde cuentas ante diferentes organismos vinculados con el Poder Ejecutivo y el Legislativo además de los controles internos.
«Al Poder Ejecutivo no le falta información acerca del uso que hace la Universidad de su presupuesto. La UBA le envía, todos los meses, toda la información disponible. La que el Ejecutivo quiere ‘controlar’ es qué se enseña en la universidad, cómo se enseña y a quién se enseña», expresó la UBA.
Las autoridades de la universidad también informaron que recurrirán a la Justicia para dirimir el conflicto sobre la auditoría de la SIGEN.
«Acataremos de manera irrestricta la resolución judicial, ya que en nuestro Estado de Derecho son las y los jueces, y no los funcionarios del Poder Ejecutivo ni sus empleados, quienes deben interpretar en última instancia el sentido y alcances de la Constitución, de las Leyes de la Nación y de los derechos y libertades de las y los ciudadanos», concluyó la UBA en el comunicado.
Fuente: Cba24n