El Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF), a través de su Seccional Central Nuclear Embalse, expresó su rechazo a la posible privatización de las centrales nucleares argentinas. En ese marco, el próximo lunes se realizará una asamblea en la Central Nuclear Embalse para analizar la situación y definir medidas gremiales.
Franco Gómez Coria, secretario gremial de la seccional, explicó que el contexto es “adverso” y que la medida afectaría a las tres centrales nucleares del país: Embalse, Atucha I y Atucha II, ubicadas en la provincia de Buenos Aires. “Estamos frente a una decisión que atenta contra la soberanía energética nacional y contra un sector estratégico. La energía nuclear es limpia, cumple con estándares internacionales y está operada por agentes altamente capacitados”, señaló.
Actualmente, las centrales nucleares aportan entre el 7 y el 9% de la energía de base que consume el país. Gómez Coria destacó además que “Nucleoeléctrica Argentina es una empresa que genera superávit —17 mil millones de pesos en el primer semestre—, por lo tanto no se trata de una cuestión de eficiencia, como se ha querido instalar”.

El gremialista sostuvo que la posibilidad de privatización “empezó con la Ley Bases, donde quedaron incluidas las centrales como otras empresas del Estado”, y advirtió sobre los riesgos que implicaría “poner en manos privadas un bien que debe resguardarse para todos los argentinos”.
Gómez Coria aseguró que desde la seccional se impulsan acciones “en tres frentes: político, gremial y legal”. En el plano político, mencionó que “hay proyectos en el Congreso para resguardar las centrales y evitar su privatización”; en el gremial, explicó que “la semana próxima se realizarán asambleas para hacer visible esta situación, junto con el reclamo por la recomposición salarial y la pérdida del poder adquisitivo”; y en el ámbito legal, informó que “se hará una presentación ante la Justicia Federal para proteger las centrales nucleares”.
El dirigente también manifestó preocupación por la seguridad nuclear: “Si cae en manos privadas, tenemos miedo de que se comprometan los estándares que garantizan la seguridad de las plantas y de la población”.
Además, advirtió sobre un “acuerdo geopolítico con Estados Unidos para quedarse con las centrales”, y recordó que Argentina cuenta con capacidad propia para producir combustible nuclear (uranio) y desarrollar tecnología nacional. “Se quieren apoderar del uranio. Nuestro país estaba desarrollando el proyecto CAREM, el primer reactor de potencia de diseño nacional, que nos hubiera permitido competir con China, Rusia y Estados Unidos. Fue frenado por este gobierno, lo cual atenta contra la tecnología y la seguridad nacional”, afirmó.
Finalmente, Gómez Coria pidió al Gobierno Nacional “dar marcha atrás con este proceso” y llamó al Senado a apoyar la defensa del sistema nuclear argentino. “El resguardo de la energía nuclear debe ser una política de Estado”, concluyó.