La construcción de un cerco por parte del gobierno de Salta en la ciudad fronteriza de Aguas Blancas, para limitar los cruces ilegales entre la Argentina y Bolivia, desató un conflicto con el gobierno de Luis Arce, que advirtió que no fue informado y expresó su “preocupación”, señalando que “cualquier medida unilateral puede afectar la convivencia pacífica”.
La obra se financia con fondos nacionales, ya que integra el Plan Güemes, lanzado en diciembre por la Casa Rosada y el gobierno salteño para combatir el narcotráfico y el contrabando. “Es un descontrol total”, afirmó el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, sobre la situación que se vive en la región: afirmó que unas 15.000 personas cruzan ilegalmente a diario en busca de mejores precios en Bolivia y reclamó mayores controles.