Un operativo policial realizado en Alta Gracia permitió descubrir y desactivar una red de explotación sexual infantil, luego de que una alerta proveniente del extranjero activara mecanismos de cooperación entre organismos nacionales e internacionales. La investigación se inició en agosto de 2025, a partir de un reporte emitido por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos.
La señal emitida por el NCMEC detectó contenido ilegal vinculado a una vivienda en la ciudad y con esa información, las autoridades argentinas activaron los protocolos de investigación y cooperación que involucran a organismos especializados en niñez y ciberdelitos.
La investigación condujo al allanamiento de un domicilio en Alta Gracia, donde personal de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Santa María, junto a especialistas del área de Cibercrimen de la Policía Judicial, secuestró diversos dispositivos electrónicos. Durante el procedimiento, la Fiscalía de Instrucción N° 1 confirmó la presencia de imágenes y videos de carácter sexual explícito que involucraban a niñas, niños y adolescentes.
Con estos elementos probatorios, fue detenido un joven de 24 años, acusado de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Actualmente se encuentra alojado en el Establecimiento Penitenciario N° 9, Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), mientras avanza la causa.
La unidad fiscal a cargo indicó que la investigación continúa en etapa de instrucción. Se profundizan los peritajes sobre los dispositivos secuestrados y se mantienen enlaces con organismos internacionales para determinar si existe vinculación con otras redes dentro o fuera del país.
Los casos en Alta Gracia evidencian el rol clave de la cooperación internacional y las denuncias del NCMEC, organismo que actúa como referencia global en la lucha contra los delitos de explotación sexual infantil. También dejan en evidencia la complejidad del ciberdelito y la necesidad de investigaciones coordinadas entre fiscalías, fuerzas de seguridad y unidades especializadas.
Las causas continúan abiertas y bajo análisis de las autoridades judiciales de Córdoba.
